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Esta sentencia demuestra que las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Muskiz para la concesión de licencias  de las plantas URF y cogeneración se ajustaban a la legislación aplicable. Es una sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

Durante los últimos años las corporaciones municipales, bien presididas por EA o por el PNV, tuvieron que soportar una fuerte presión en relación a las manifestaciones que se venían vertiendo por la plataforma anticoke utilizando argumentos que ahora se demuestran que carecían del mínimo fundamento.

En la exposición de los fundamentos jurídicos por los que se procede a estimar el recurso interpuesto por el Ayuntamiento, el TSJPV asume totalmente los argumentos presentados por el Ayuntamiento de Muskiz:
1.- En relación a las licencias:
Las licencias de actividad del coke y coogenaración , la sala mantiene que a partir del otorgamiento de la AAI por el Gobierno Vasco a Petronor la concesión de la licencia de actividad es un acto DEBIDO, (obligatorio)  para el Ayuntamiento.

Estas licencias de actividad son previas a la concesión de licencia de obras
(dice el TSJPV), ratificando de esta forma lo que hizo el Ayuntamiento.

La licencia de obras es la que habilita para la ejecución del proyecto autorizado (realización de la obra) y para la implementación de las medidas correctoras que habían sido impuestas por el Gobierno Vasco en la AAI.

Una vez finalizada la ejecución del proyecto y declarado por el Gobierno Vasco (órgano ambiental) el cumplimiento de las medidas correctoras es cuando se dicta por el Ayuntamiento la licencia de apertura.

De esta forma el TSJPV ratifica el procedimiento que llevo a cabo el Ayuntamiento.

2.- En relación al segundo de los argumentos utilizados sobre la ocupación del dominio público marítimo terrestre,  decían los anticoke que no existía dicha autorización prevista en el artículo 51 de la ley de costas:

- La Sala dictamina que dicha ocupación no requiere la autorización prevista en el artículo 51 de la ley de costas, sino que esta habilitada por la concesión vigente que tiene Petronor.

En resumen, la postura del Ayuntamiento se ha limitado a cumplir lo que estrictamente le requiere la legislación ya que estamos hablando de concesión de licencias que son procedimientos reglados y el ayuntamiento tiene que acatar.

Es evidente que puede haber puede haber personas que les guste o no les guste la inversión industria, el coke, la coogenaración…, pero si estos proyectos cumplen con los requisitos legales que le son impuestos el Ayuntamiento tiene que conceder las correspondientes licencias.

Por tanto, todas las calumnias y difamaciones vertidas gratuitamente contra los responsables de la administración carecen y han carecido del mínimo fundamento.

Es triste que representante municipales que han sido y son concejales de este ayuntamiento y que saben que esto es así, hayan utilizado estos procedimientos que conocen perfectamente para intentar engañar y manipular a personas que pueden sentirse preocupadas legítimamente por este tipo de actividades industriales.

Nos estamos acostumbrando a escuchar descalificaciones sin ningún tipo de fundamento por de algunos responsables políticos con el único objetivo de someter a un desgaste político de las personas a las que los ciudadanos nos han elegido para la gestión de los interese públicos.

Este tipo de conductas en las que no existe buena fe no debieran ser gratuitas.
Son muchos los recursos y esfuerzos  (económicos y humanos) que la administración ha realizado para tener que defenderse de mentiras
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